En el colmo de todo lo imaginable, de lo posible, de las declaraciones sobre la justicia electoral para las mujeres emitidas alrededor del 8 de marzo, los partidos políticos se niegan a promover a las mujeres en tiempo y forma, pero sobre todo, conforme a la ley en los puestos electorales. La resistencia evidencia que vivimos en el peor de los machismos y fuera de un estado de Derecho.¿Quién podrá obligar a que cumplan? Sabiendo con suficiencia que muchas mujeres importantes, capaces, capacitadas, conocidas, lideresas experimentadas, empoderadas y decididas, han sido eliminadas de las listas y los argumentos son salvajes, como hace 150 años, cuando la paradoja es que en el mundo las mujeres están haciendo gobierno, ciudadanía y han mostrado su mayoría de edad.
Esta semana, el Instituto Federal Electoral podría definir las listas electorales, donde al menos el 40 por ciento deberían ser mujeres, por plantearlo como lo ven ellos. Este instituto podría elegir o definir por su cuenta y asegurar ese porcentaje, en tanto, que los partidos políticos siguen argumentando que no han podido encontrar mujeres interesadas, que no se inscribieron, que a muchas no les interesa ser candidatas y que un derecho no es obligación.
La última frase es la más increíble que puede argumentarse, «un derecho no es obligación», como si viviéramos en la peor de las democracias posibles.
Un hecho palmario y sin vueltas es que, hasta el domingo 25 de marzo todos los partidos políticos no cumplen la ley, a pesar de la sentencia del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) de que esta vez serán sancionados. Frente a ello, alegremente enviaron cartas al IFE pidiendo que se tuerza la ley, porque no pueden cumplir.
Hace unos días, escuché la explicación de la ex diputada feminista Elsa Conde sobre ¿cómo poner una cuota para la participación de las mujeres en la política? lucha que data desde 1993, se llama acción positiva y que se ha pasado de ahí para exigir lo lógico, lo elemental, lo justo: la paridad. Porque las mujeres somos poco más del 50 por ciento de la población, de la militancia partidaria, de la economía y la productividad.
Pero todo eso no existe en la cabeza de las dirigencias que siguen incluyendo en las listas a viejos o antiguas políticas; a hermanos y familiares y que han obviado la demanda de las mujeres y no las ven. Las quejas se han sucedido toda la semana anterior. Sólo en el frente Progresista, por ejemplo, había más de mil precandidatas interesadas y ahora resulta que sólo han incluido a 95 y no a 120 como exige la ley y tramposamente entre 25 y no 26 candidaturas al Senado, sólo una mujer tiene posibilidades reales de ganar. O sea, la trampa sobre la trampa.
Algunos argumentos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Acción Nacional (PAN) y del Verde Ecologista (PVEM) son como del siglo XIX, insostenibles.
Según la información de las periodistas Fabiola Martínez, Georgina Saldierna y Rosa Elvira Vargas, del diario La Jornada, publicada el sábado 23 de marzo, los partidos tienen argumentos verdaderamente impugnables. La prepotencia es verdaderamente brutal y se resisten a ver que el mundo cambió. Nos ven todavía como esclavas.
Veamos estos argumentos:
«El PAN no está obligado a lo imposible ni a postular candidatas en aquellos distritos o elecciones donde no exista interés manifiesto. Los derechos políticos son derechos y no obligaciones políticas (…) y en tanto no exista una manifestación clara de interés, este instituto está imposibilitado por el momento para registrar candidatas mujeres».
«El PRI expone argumentos similares, así como de la imposibilidad de ejecutar ciertas sentencias del tribunal electoral. Por ejemplo, señala, aun cuando se presentaron 93 solicitudes de registro de diputados por el principio de mayoría relativa, en 35 no fue posible otorgar el registro por incumplimiento de requisitos. En el caso de los diputados, añade, al PRI le fue imposible lograr la meta, porque únicamente se inscribieron 93 mujeres para competir en 80 distritos».
Lo mismo ocurrió al Partido Verde Ecologista de México, coaligado al PRI en 199 distritos. Su representante en el IFE, Sara Castellanos, explicó esta dificultad:
«Una cosa es que sean militantes y otra que quieran ser candidatas. Se habla mucho de género, pero ya dentro de los partidos políticos es difícil. Cuando fundamos el partido la prioridad era apoyar a la mujer; entonces, la estructura era de 80 por ciento de mujeres. Sin embargo, cuando intentamos postular a las indígenas tuvimos una fuerte experiencia, porque en algunas entidades las mujeres se quedaban afuera de los consejos partidistas vendiendo sus artesanías. No les interesaba participar. Las militantes no quieren ser candidatas», dijo Sara Castellanos, del Verde Ecologista.
Por su parte, la coalición de Izquierda que asegura cumplió, fue desmentida por el Movimiento de Mujeres Progresistas que incluye al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Movimiento Ciudadano, más las mujeres de Morena, quienes anunciarán el comienzo de una jornada por la legalidad y los derechos que las asisten.
Sostienen que solamente han sido registradas 95 fórmulas de mujeres de las 120 obligadas y que fueron postuladas 25 mujeres al Senado (en lugar de 26), y que sólo una tiene reales posibilidades de ganar.
Anuncian que pedirán al IFE que haga cumplir la ley y niegue el registro de las listas.
El IFE hizo una reunión extraordinaria para analizar el problema. Y según las noticias, Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE se hará cumplir el artículo 221 del Código Federal Electoral (COFIPE) que establece que si un partido o coalición no cubre los requisitos, además de la amonestación pública, se sancionará con la negativa de registro de las candidaturas correspondientes.
La verdad es que la resistencia llega a tal punto que el PRI ya quiere ahora que se revisen las decisiones del tribunal electoral para que «explique los alcances de sus jurisprudencias, con base en las cuales incluyó la cuota de género en todas las postulaciones.
Lo verdaderamente incomprensible es que los partidos políticos debieran operar con sus estatutos internos, que en todos los casos obligan no la cuota sino a la paridad, en los casos de PRI y PRD; al 40 por ciento como la ley dice en los casos de PT, Movimiento Ciudadano y PAN ; en el Ecologista los estatutos dicen 30 por ciento y en el caso de Alianza no hay mandato y éste parece ser el único que presentó sus listas apegado al mandato.
Lo que me rebela contra lo que sucede es saber que durante los últimos 30 años las mujeres de todas las clases, en todo el país, de todos los gustos, signos y asignaturas partidarias, militantes populares, dirigentes, han discutido sobre sus derechos, han impulsado los cambios legislativos, han participado en las mesas electorales, de vigilantes a funcionarias electorales, que éstas mujeres con todo lo que de ellas se pueda discutir, sí quieren, desean.
Muchas se han quedado en el camino durante varias elecciones, dirigentes indígenas y campesinas, como Martha Sánchez o Daphne Cuevas; otras se han aliado, han, como se dice, cabildeado intensamente, han invertido sus recursos, sus energías, y son permanentemente excluidas e invisibilizadas. La resistencia machista es bárbara, es de una prepotencia increíble. Y quienes dirigen al país, casi todos hombres, hacen demagogia, mienten, les importa muy poco cumplir con la ley y lo que es peor, no tienen el menor interés en la democracia que tanto presumen en discursos vacíos.
De acuerdo con la historiadora Patricia Galeana, las mujeres pidieron el voto y ser votadas desde 1824, es decir desde hace 188 años, y ahora resulta que no quieren, no cumplen con los requisitos, no muestran interés y no las encuentran los jefes de los partidos. Se llama machismo.
Y por otro lado, la ley les obliga a destinar el dos por ciento de sus recursos a promover el liderazgo femenino desde 2008 y ninguno ha cumplido. Nadie los sanciona y la burla se extiende, nos invade, nos hace pensar que este país no tiene remedio. Otra discusión es si las mujeres son mejores que los hombres, pero ese no es el caso. Veremos.