Florencia Piermarini, asesora de la Subsecretaría de Política Criminal, fue designada por Scioli al frente del polémico Servicio Penitenciario Bonaerense. No tuvo una actuación pública conocida, pero trabajó como abogada en cuestiones de género. Piermarini quedó al frente de una papa que quema, el polémico SPB, fuente de corrupción y violencia casi a diario.
En medio de las críticas a la gestión del ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal, el gobernador Daniel Scioli designó a una mujer como directora del Servicio Penitenciario Bonaerense, quien ocupará el lugar dejado vacante tras el fallecimiento del ex fiscal de Zárate Marcelo Pernici. Piermarini es la primera mujer en dirigir a la cuestionada institución carcelaria bonaerense. Hasta ayer cumplía funciones de asesora del subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, siempre bajo el ala de Casal. Más allá de la evaluación genérico-estadística con que hoy despertarán los titulares, incluido éste, a Piermarini le toca sentarse sobre un sillón eyectable en la cima de un volcán permanente. Su CV, curiosamente, la instala en otra línea a la del superministro penitenciario Casal: llegaba de la actividad como abogada penalista defensora de cuestiones de género y en favor de los reclamos por el aborto.
El acto por la toma del juramento a Piermarini tuvo lugar ayer al mediodía, durante la inauguración de la Alcaidía Departamental II, en Villa Elvira. Scioli aprovechó el momento para anunciar que no habrá más presos en comisarías por falta de cupos en las cárceles del SPB. La orden judicial jamás fue cumplida cabalmente desde que la Corte Suprema dictara el fallo Verbitsky, en mayo de 2005, que trata sobre el hacinamiento en cárceles y comisarías bonaerenses, y sintéticamente ordena poner un techo al permanente incremento de presos y dispone la reducción del número que había triplicado la capacidad de alojamiento.
Antes de ser asesora de Albarracín, la abogada penalista (UBA) Piermarini fue asesora de la diputada nacional Claudia Gil Lozano, del CC, en cuestiones de género. Visitó cárceles de mujeres y fue abogada de Erna Ibáñez, la joven acusada de matar a su hijo al nacer y que fue condenada por el Tribunal Oral Nº 4 por homicidio culposo, poco antes de que la Corte Suprema tomara el caso de Romina Tejerina. Durante su paso como asesora de Albarracín, en la Subsecretaría de Política Criminal bonaerense, Piermarini tomó contacto con la realidad del SPB como funcionaria y tuvo un buen rapport con los organismos de derechos humanos dedicados al tema, especialmente en lo que se refiere a cuestiones de género, su especialidad.
La realidad que le toca a partir de hoy seguramente no es un tema que la vaya a sorprender, habida cuenta de su recorrido. Es claro que no es lo mismo recorrer los problemas como asesora que como directora del SPB, pero ni siquiera es ése el principal problema. La cuestión pasará, seguramente, por las dificultades de ejecutar políticas extremadamente diferentes a su historial, al menos, al visible. También es llamativo que saltara de asesora a la dirección, por encima de su propio jefe directo, Albarracín.
El SPB del que forma parte el propio Casal es una organización con 55 establecimientos penales, buena parte de ellos en pésimas condiciones, ya sea por hacinamiento, ya sea por pésimo estado de las estructuras. Las modernas cárceles que fueron y son motivo de discurso son instalaciones baratas, con galpones agregados, sin modificar siquiera las cloacas ni los servicios de agua corriente. Pero además es un organismo con 28 mil penitenciarios cuyo sector de Tratamiento, el que está en contacto directo con los presos, está caracterizado por la violencia y la impunidad, además de la cantidad de casos de corrupción denunciados ante la Justicia.
El asesinato del preso Patricio Jonathan Barros Cisneros, a patadas, por una decena de guardias a la vista de su esposa de 18 años y embarazada, y de tres presos que debieron ser custodiados por Gendarmería nacional, es apenas un modelo de vidriera. La muerte de Barros Cisneros, denunciada el mismo día por el secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, no sólo no fue atendida sino que durante cuatro días fue encubierta por el propio ministro Casal que ayer compartió la toma de juramento de su primera directora del SPB. Claro, como asesora del ministerio, se desprende que la actualidad de la política penitenciaria no debería sorprenderla.