Hace pocos días fue publicado el nuevo Informe sobre el Desarrollo Mundial 2012 – Igualdad de Género y Desarrollo, producido por el Banco Mundial. El documento ofrece un pormenorizado análisis de las disparidades en materia de género, especialmente en los países más pobres (la persistencia de altas tasas de mortalidad en las niñas; las desigualdades educativas; los diferenciales de ingreso; las dificultades de las mujeres en hacer oír su voz, entre otras).La información disponible, muy bien presentada como suele ser habitual en las publicaciones del Banco Mundial, contrasta con la visión pobre y reduccionista que posee esta agencia con respecto al desarrollo humano y a los derechos ciudadanos. El informe sería quizás adecuado, sino fuera por dos motivos.
Por un lado, para el Banco Mundial, la igualdad de género merece ser defendida porque genera un incremento en la competitividad económica, mejora la productividad de las próximas generaciones (ya que las mujeres controlan mejor los ahorros familiares y cuando son más educadas y sanas poseen hijos más educados y sanos), además de aumentar la representatividad y la pluralidad de opiniones en las sociedades modernas. Ni una palabra acerca de los derechos humanos, ni mucho menos, sobre alguno de los principios de la Declaración que los consagra, la cual, para el Banco Mundial, seguramente es un resabio del pasado a ser descartado por su bajo aporte a la productividad del trabajo.
Por otro lado, el Banco Mundial parece desconocer los efectos que, en este campo y en cualquiera que remita a la cuestión social, han tenido las políticas que, junto con su socio más cercano, el Fondo Monetario Internacional, ha promovido a escala planetaria. Desde su creación, ambos organismos han propagado políticas de restricción de derechos y de ampliación de la exclusión social que, aplicadas sin matices en países que enfrentaban enormes crisis económicas, no hicieron otra cosa que aumentar todas las desigualdades.
Un rasgo nada anecdótico pone en duda el deslumbramiento tardío que el Banco Mundial demuestra por la igualdad entre hombres y mujeres: se trata de una institución que nunca ha tenido entre sus directores a un ser humano del sexo femenino. Desde 1946 hasta la fecha, todos los presidentes del Banco Mundial han sido hombres, blancos, occidentales y, claro está, anglosajones. Un recorrido por la galería de personalidades ilustres que ha dirigido la entidad permite ver que sus rostros son bastante semejantes, comparten el mismo tipo de peinado y, en algunos casos, hasta el mismo tipo de calvicie. No menos llamativo es que su Junta de Gobernadores, constituida por 187 miembros responsables por definir y formular las políticas del organismo, posee sólo 16 mujeres. Quizás el tema no sería tan grave si no fuera porque el propio Banco Mundial reconoce que la igualdad de género es un elemento importante para el dinamismo económico de las sociedades. Una señal de alerta relevante ya que, los que componen la Junta de Gobernadores de la institución, no son otros que los propios ministros de economía de los diferentes países del mundo. Dicho en otras palabras, actualmente, menos del 9% de los ministros de economía de todo el planeta, son mujeres. Lo cual, según el propio Banco Mundial defiende en su Informe de 2012, puede ser un verdadero peligro para el progreso de la humanidad.
Reconozco que uno de mis pasatiempos predilectos es criticar al Banco Mundial y al FMI. Sin embargo, corro el riesgo de estar desviándome del objetivo central de este post. Me preocupa aquí otro asunto, quizás más complejo: la igualdad de género en el gobierno de las universidades latinoamericanas. El tema puede ser relevante, al menos, por dos motivos.
En primer lugar, porque el aumento en la participación de las mujeres en la enseñanza superior de América Latina y el Caribe, ha sido impresionante a lo largo de las últimas tres décadas. Muchas de las universidades de la región tienen más mujeres que hombres entre sus estudiantes y muchas carreras antes masculinas se han feminizado velozmente. En segundo lugar, porque las universidades han sido uno de los espacios más activos en la producción del discurso feminista y progresista comprometido con la lucha por la igualdad de género y la justicia social. Ya que las universidades latinoamericanas tienden a ser más femeninas que masculinas y constituyen la fuente inspiradora de la lucha contra la discriminación sexual, sería de esperar que su desempeño en materia de igualdad fuera mejor que el que presenta el Banco Mundial.
Y lo es. Pero poco, muy poco.
Un relevamiento que he realizado en las 200 universidades más importantes de América Latina y el Caribe, muestra que sólo 16% de ellas poseen mujeres a cargo de sus rectorados. El resto, 84%, son dirigidas por hombres. Nada mal si se lo campara con las universidades europeas, donde sólo 9% están gobernadas por mujeres y 18% de los catedráticos son del sexo femenino. (En buena parte de Europa, las mujeres llegan a casi 59% del estudiantado). (1)
De las 20 universidades más destacadas de América Latina, sólo una tiene como rectora una mujer. Naturalmente, los ranking sobre calidad de las universidades nunca consideran la igualdad de género como un elemento positivo a ser ponderado. Al menos un dato es alentador: las mujeres han superado a los obispos en la dirección de las principales universidades latinoamericanas.
No deja de ser curioso que las instituciones de educación superior tengan una aguda capacidad para juzgar a la sociedad y muy poca para juzgarse a sí mismas.
En efecto, la discriminación de género opera, como lo demuestran numerosas investigaciones académicas, porque encuentra su anclaje en una cultura institucional y en una serie de factores que se ocultan por detrás de argumentos técnicos o supuestamente objetivos para justificar o naturalizar las ventajas de los hombres sobre las mujeres. Antes, las evidencias utilizadas para explicar por qué ellos solían tener el privilegio del mando y ellas la obligación de la obediencia, se centraban básicamente en la débil capacidad cognitiva y emocional de las mujeres y en el temple, el coraje y la inteligencia varoniles. Las cosas han cambiado y en las universidades casi nadie cree en semejantes tonterías. Sin embargo, si esto es así, no deja de llamar la atención que tanto el acceso a los cargos de dirección como la distribución de beneficios y ventajas académicas, se establezcan entre hombres y mujeres como si ambos fueran iguales y sus trayectorias de vida no enfrentasen ciertas especificidades como, por ejemplo, la maternidad. ¿Cómo es posible que se compare con los mismos parámetros cuantitativos la productividad académica de dos personas de 40 años, si una de ellas ha sido madre una, dos o tres veces y la otra no? La producción académica profesional comienza a los 25 años, momento en el que también, para muchas mujeres, se inicia el período de la maternidad. Si el ingreso a la carrera docente se produce a los 35, es obvio que las mujeres que han sido madres corren con cierta desventaja. Los hijos, claro, ofrecen muchas alegrías, pero no cuentan puntos en los sistemas de evaluación académica que se utilizan para determinar quién manda y quién obedece, quién gobierna y quién acata en nuestras universidades. También, cuánto ganan unas y otros. En la medida en que los salarios docentes se componen cada vez más de premios e incentivos a la productividad académica, las desigualdades de ingreso entre hombres y mujeres en el campo universitario no tenderá a disminuir sino probablemente a aumentar.
Tampoco debe llamar la atención que las mujeres llegan muy poco a los rectorados, pero lo hacen mucho más que los hombres a las Secretarías Académicas. El dato podría ser interpretado como un avance en la lucha por la igualdad de género o, menos efusivamente, como una redefinición de la división sexual del trabajo en el gobierno universitario: los hombres se ocupan de las tareas relevantes y las mujeres de cuidar a los hijos, en este caso, la población estudiantil.
Las universidades, ese espacio que tanto nos ha ayudado a pensar que en la división social del trabajo se tejen las raíces de la discriminación y la exclusión, parecen no ser capaces de observar que la distribución sexual de responsabilidades académicas no tiene nada de natural ni, mucho menos, es producto del mérito o de la capacidad de unos sobre otras.
Que más mujeres estén al mando de nuestras universidades no garantiza que la calidad académica de las mismas vaya a mejorar. Tampoco que la productividad del trabajo de docentes y alumnos aumentará, como sugiere el Banco Mundial cuando pretende encontrarle razones a la igualdad de género. Se trata de una cuestión de derechos. Y cuando los derechos se respetan, mejora la calidad democrática de nuestras instituciones académicas y, por añadidura, de nuestras sociedades.
“Nuestro cuerpo nos pertenece” continúa siendo una de las banderas del movimiento feminista. Hombres y mujeres debemos luchar para que ampliemos esa expresión de libertad a todas las instituciones fundamentales para el gobierno de la sociedad. Que las universidades pertenezcan también a las mujeres debería ser el horizonte de cada uno de los que trabajamos en el campo académico, haciendo que las declaraciones por la igualdad de género dejen de ser una inocultable hipocresía.
La igualdad de género suele ser una recomendación que se limita a los países más pobres porque, como se observa, los que cuidan los intereses de las naciones más ricas, no parecen tener el menor interés en la materia.