Las mujeres latinoamericanas y caribeñas también lograron llegar a la toma de decisión en el ámbito político. Ellas están administrado países: Cristina Fernández gobierna en Argentina, Portia Simpson Miller en Jamaica, Laura Chinchilla en Costa Rica y Dilma Rousseff en Brasil. Hasta el año pasado Michelle Bachelet presidía Chile y tuvo el primer gabinete paritario de la región. El derecho a ser elegidas fue conquistado en la primera mitad del siglo pasado, pero hubo que esperar unas seis décadas para ver a una mujer en la Presidencia de algún país latinoamericano. Este avance se logró debido a varios instrumentos y conferencias de derechos humanos, destacando la IV Conferencia de la Mujer realizada en Beijing en 1995, y la reivindicación por la igualdad de género de un movimiento de mujeres perseverante.
El caso de la peruana Olenka Ochoa, directiva de la Federación Latinoamericana de Mujeres Municipalistas, visibiliza algunas de las dificultades que las mujeres suelen enfrentar en el ejercicio del poder político. Esta dirigente dio sus primeros pasos en el Movimiento de Acción Socialista (MAS), que fue disuelto en 1994; luego militó en el partido Somos Perú hasta 2005. Por 10 años consecutivos ocupó cargos en la función pública e impulsó leyes, políticas y servicios para el avance de la mujer y la igualdad de oportunidades.
Para Ochoa la principal barrera fue económica. En varios países de la región ser elegido requiere de una importante inversión monetaria para las campañas, ya que debe lograr presencia en los medios de comunicación y a través de campañas gráficas. “Si no consigues financiación no tienes ninguna posibilidad”, aclara la dirigente municipal, que fue candidata en las elecciones de 2010 y tuvo que endeudarse para poder participar. Se postuló en la lista de Alianza para el Progreso para secundar al candidato a alcalde en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este año volvió a ser convocada en el marco de las Elecciones Generales y Parlamento Andino, pero no podrá participar debido a su abultada deuda. “Las mujeres la tenemos más difícil. Los sponsor acercan más dinero a los hombres, dicen que con ellos es más fácil negociar”, señala la política peruana sobre el acceso de los varones a diversos círculos y financiamientos.
En ese sentido, estudios del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia (IDEA) revelan que muchos países de la región no cuentan con leyes de financiamiento público, y las naciones que incorporaron estas normas no orientan sus recursos diferencialmente hacia varones y mujeres, por ejemplo en las campañas proselitistas. Aunque Brasil, Costa Rica, México y Panamá obligan a los partidos políticos a generar espacios de capacitación para que las mujeres adquieran habilidades políticas.
En la última elección electoral en Perú, sólo tres mujeres se convirtieron en alcaldesas, dos de las candidatas pertenecen a la élite política e invirtieron enormes cantidades de recursos en sus campañas. No fue el caso de Susana Villarán, quien contaba con una larga trayectoria en la política y ello contribuyó a que consiguiera el puesto de alcaldesa de Lima. A nivel regional el número de alcaldesas electas alcanza sólo el 8 por ciento, siendo República Dominicana (11,9%) y Costa Rica (11,1%) las naciones con aumentos significativos de jefas comunales. Hubo descensos en Panamá (9,3%) y Honduras (3,4%), según un informe del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN INSTRAW).
Por otra parte, Olenka Ochoa asegura que las mujeres políticas siempre deben mostrar una mayor capacidad que sus colegas varones. Ella fue especialmente audaz para defender la autonomía del municipio de Lima frente a las operaciones políticas de los ediles que respondían al ex presidente Alberto Fujimori, lo cual le permitió ganarse un lugar entre sus pares. Este acceso a una posición de liderazgo fue lo que le posibilitó incluir la agenda de igualdad de género. Estaban sin embargo los colegas que se negaban a acompañar esa agenda y Ochoa optó por el amedrentamiento. “Les decía que si rechazaban mi proyecto les destrozaría el de ellos en el debate. Me temían y terminaban aprobando mi proyecto”, recuerda la lideresa.
No obstante, el obstáculo más importante para la agenda de igualdad de género en la región, dice Ochoa, es la debilidad de las democracias. En el caso de Perú, la guerra entre el Estado y Sendero Luminoso puso en crisis a las instituciones y tras la salida del poder de Fujimori los partidos políticos continuaron con los enfrentamientos por el modelo económico y los crímenes de lesa humanidad. En ese contexto, fue el movimiento de mujeres el que logró institucionalizar mecanismos como la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas y la Comisión de la Mujer del Congreso de Perú. Estas nuevas instituciones y el arribo de la aprista Mercedes Cabanilla Bustamante a la presidencia del Parlamento hicieron posible que en 2007 se sancionara la Ley de Igualdad de Oportunidades.
Otro de las barreras que afrontó la dirigente en su carrera profesional fue el prejuicio, sobre todo en las áreas ocupadas mayoritariamente por hombres. Ochoa trabajó varios años en el Ministerio de Justicia y luego siguió capacitando a militares, pues se ha especializado en seguridad ciudadana desde una perspectiva de género. Aquí su estrategia fue ‘prepotencia de trabajo’. Pero quizás el desafío más importante consistió en asegurar la continuidad de su carrera política, y lo hizo renunciando a la maternidad. “Con hijos tienes coronada la tragedia, salvo que cuentes con una red familiar que resuelva esa ausencia”, afirma, debido a las intensas jornadas de trabajo y los horarios de las actividades proselitistas. “Mujer que va al poder, generalmente, termina sola”, agrega Ochoa, explicando además que los esposos o parejas de las políticas no sienten que las carreras de sus compañeras les den prestigio social como ocurre a la inversa.
Hay otras dificultades que limitan la participación de mujeres en la toma de decisión. En una investigación para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) la experta Analía Escalante las denomina ‘autoimpuestas’ y sugiere que las mujeres no están dispuestas a renunciar a tanto como los varones para alcanzar posiciones de liderazgo. Olenka Ochoa está de acuerdo. Siendo asesora de una agrupación política peruana, la dirigente consiguió que la misma adoptara el tema de las cuotas para la lista electoral. “Busqué mujeres populares, de clase media, académicas. Envejecí 5 años tratando de convencerlas. Por un lado tenía a los compañeros que con un gran esfuerzo habían entendido lo de la equidad. Por otro lado estaban las mujeres que debían consultar a sus esposos o veían difícil participar porque tenían mucha carga familiar. Otras se negaban por la hostilidad en la política o no se sentían calificadas”, describe.
Mujeres políticas como Ochoa saben que las cuotas tienen un efecto significativo en cuanto a la inclusión de candidatas en las listas electorales. La lucha por la inclusión de estas legislaciones cobró impulso en Beijing, principalmente para repartir el poder entre varones y mujeres congresistas. Argentina fue pionera, adoptando el cupo femenino en 1991. Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, México, Perú, República Dominicana, Panamá y Paraguay reformaron sus sistemas electorales para implementar las cuotas entre 1995 y el año pasado. El último en sumarse fue Uruguay, de acuerdo a la información ofrecida por la politóloga paraguaya Line Bareiro.
Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL el promedio regional de representación femenina en los poderes legislativos fue de 22,1 por ciento en 2009. Naciones como Cuba (43,2%), Argentina (40%) y Costa Rica (36,8%) lograron los mejores índices, mientras que la mayoría estuvo por debajo del 20 por ciento, y países como Haití sólo alcanzaron 4 puntos porcentuales. Ese mismo año las concejalas obtuvieron un promedio de 21,3 por ciento. Costa Rica con 43,4 por ciento es una de las naciones que más ha avanzado en materia de participación política de las mujeres.
La rotación de mujeres en los cargos de representación popular es otra de las dificultades frecuentes en las naciones latinoamericanas, según la Memoria de la Reunión de Especialistas en Participación política de las Mujeres organizada por el Área Práctica de Género del PNUD en Panamá en 2010. Frente a este obstáculo, la consultora Beatriz Llanos, del Área de Género y Democracia para América Latina de IDEA -Instituto Internacional para Democracia y la Asistencia Electoral- , considera una buena estrategia avanzar en la creación de mecanismos para el adelanto de las mujeres como la Banca Interpartidaria de Mujeres de Perú, Uruguay o Argentina. Según la experta, estas iniciativas son útiles para establecer temas comunes y alianzas; en algunos países se ha propuesto incluso que estos espacios se encarguen de transmitir la agenda de temas entre periodos legislativos, de manera que las parlamentarias electas continúen con la labor de las salientes.
No obstante, para la investigadora Llanos un primer paso es democratizar los partidos y agrupaciones políticas. La cultura masculina que caracteriza a estas organizaciones sigue impidiendo que las mujeres desarrollen sus carreras políticas y asuman puestos de liderazgo. Por ejemplo, las mujeres militantes de partidos y agrupaciones políticas representan alrededor de 51 por ciento, sin embargo sólo 16 por ciento ejercen como presidentas o secretarías generales y alrededor de 19 por ciento ocupan cargos en los comités ejecutivos nacionales, siendo relegadas a posiciones de menor poder como la secretaría de actas y archivos, la dirección de capacitación o la dirección de cultura.
En primer lugar, sugiere Llanos, hay que avanzar en campañas de sensibilización sobre igualdad de género orientadas a afiliados y afiliadas. Luego hay que integrar las agendas de igualdad de género a las plataformas partidarias, por ejemplo, sobre políticas de conciliación de la vida familiar y laboral. Asimismo, hay que incrementar la sinergia entre sectores, especialmente entre mujeres políticas y el movimiento de mujeres, las últimas cuentan con los conocimientos para desarrollar las políticas públicas que deben impulsar las primeras.
Participación incluyente.
En la democratización de la práctica política un tema crucial es la instrumentación de mecanismos de acción afirmativa para la inclusión de las mujeres y de otros sectores con escasa presencia en este ámbito. Colombia, por ejemplo, ya tiene cupo para la elección de representantes indígenas en el parlamento nacional.
En lo formal, los Estados reconocen el derecho de los pueblos indígenas a participar políticamente y asegurar un número suficiente de mujeres indígenas en puestos de representación popular, pero en la región ellas apenas ocupan cargos en la función pública. Según la Memoria de la Reunión de Especialistas en Participación Política de las Mujeres en Panamá, esta ausencia incluye a las afrodescendientes, jóvenes, lesbianas y campesinas.
La ecuatoriana Miriam Masaquiza, integrante de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, explica que la mujer indígena primero debe ocupar cargos de liderazgo en su comunidad, para poder aspirar luego a participar como candidata en una contienda electoral. Este camino también lo recorren los varones, pero ellos son mayoría presidiendo las juntas parroquiales e integrando las asambleas y cabildeos.
Ellas afrontan diversas y diferentes dificultades para progresar en sus comunidades, “principalmente el machismo. Nuestros pueblos están contagiados de este problema y en ocasiones lleva a la violencia”, agrega la dirigente quichua. Muchas mujeres de estas comunidades tienen problemas de autoestima, que es la barrera principal, incluso se niegan a liderar reuniones de padres y madres de familia, una instancia importante para los 12 mil habitantes de las Naciones Indígenas de Ecuador, que se han organizado en 21 comunidades. Solamente 4 han sido presididas por mujeres.
Sin embargo Masaquiza destaca avances. En los últimos años creció el número de mujeres en ámbitos de toma de decisión parroquiales, en parte por el impacto de la migración, que obliga a las mujeres a asumir las jefaturas de hogar, pero también debido a las capacitaciones que impulsaron las organizaciones indígenas regionales. Esta labor de sensibilización, orientada a mujeres y hombres, ha fortalecido la autoestima de las mujeres y dio valor al trabajo invisible que estas realizan en el hogar.
El año pasado la comunidad natal de Masaquiza, Salasaca, tuvo por primera vez una mujer gobernadora Carmen Jerez. Su gestión tuvo impacto entre las mujeres, dice la activista, que colaboró a lo largo de 8 meses con Jerez. En las parroquias, los jefes comunales se encargan de aplicar la justicia indígena y Jerez fue sensible a la especificidad de la mujer indígena. “Somos mujeres, amas de casas y trabajadoras, ante todo sufrimos una discriminación que no sufren las mujeres de la ciudad y a partir de esa discriminación todo sentido es diferente”, explica la joven quichua que destaca el avance logrado por la jefa parroquial en violencia de género: “Las mujeres se apoyaron en otras mujeres e intentaron soluciones a su triste situación. Algunos casos eran realmente desgarradores”.
Masaquiza está convencida de que los liderazgos de las mujeres indígenas tienen potencial, por ejemplo, para integrar la agenda de discriminación racial con la de igualdad de género. “Las mujeres indígenas llevamos la voz de nuestro pueblo y debemos ser leales a la misma. Somos muy organizadas y sabemos priorizar. Tenemos una identidad cultural muy fuerte”, dijo la dirigente, advirtiendo que las organizaciones especializadas en la mujer tienen dificultades para hacer confluir la agenda de interculturalidad porque no son realmente inclusivas. “No tienen el debido respeto de la mujer indígena y esto también es una barrera”, explica Masaquiza, que también forma parte del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
Todos estos testimonios, más las estadísticas elaboradas por los Organismos Internacionales de cooperación demuestran que las mujeres perforaron el techo de cristal, tal como afirman las norteamericanas Alice Eagly y Linda Carli, pero también coinciden con la afirmación de la investigadora Lidia Heller en cuanto a lo lejos que todavía está la región de lograr la paridad.
Por el momento, las propuestas de la consultora Beatriz Llanos y diversos estudios de género para acelerar este avance consisten en profundizar la transformación cultural dentro de las organizaciones políticas y empresariales. Concretamente, se deben instrumentar campañas de sensibilización sobre la igualdad de género, orientadas tanto a varones como a mujeres. Pero también está pendiente avanzar seriamente en la unión del movimiento de mujeres, los sectores políticos, económicos y culturales. Esta sinergia posibilitará no sólo que aumente el número de mujeres en los puestos de liderazgo, también que aquellas que llegan se comprometan más con otras mujeres que buscan la autonomía económica y el acceso a la toma de decisión.